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El Estado de las Autonomías no es viable. No se trata sólo de una cuestión ideológica o política, sino que también es económica. El Estado de las Autonomías es insostenible y debe disolverse inmediatamente. Repito, todas las comunidades autónomas deben desaparecer, sin excepción.
Es el criterio que seguiría cualquier persona sensata que conserve el sentido común. Cualquier persona juiciosa y reflexiva entiende esto simplemente examinando las ventajas e inconvenientes de que un país en quiebra técnica, como le sucede a España, conserve 17 parlamentos que legislan a capricho, 17 monstruosas administraciones públicas interviniendo en todos los aspectos de la vida de la ciudadanía y 17 castas políticas manirrotas que gastan más que lo que ingresan.
Lo cojonudo de toda esta “mierda autonómica” es la manera en que el prototipo de político nacionalista pervierte la realidad para hacer cómplice al pueblo lanar de sus sueños perversos. Para eso siempre tienen en la boca la maldita palabra “autogobierno” la cual berrean constantemente con la ayuda de sus tropecientas y despilfarradoras televisiones públicas. ¡Claro, los españoles son permanentemente ultrajados al no poder disfrutar de un “autogobierno”!. Es el primer deseo que sienten cuando suena el despertador. Es el mayor desasosiego que les atribula. Parece ser que, según esa casta política nacionalsocialista, lo que verdaderamente les inquieta a los ciudadanos es no tener ese autogobierno. Un autogobierno con forma de PER andaluz, bilateralidad catalana, cupo vasco, pisto manchego y bellota extremeña.
El timo autonómico cuesta a los españoles la friolera de 170.000 millones de euros al año. Dos tercios se los lleva la educación y la sanidad pública; ambas de carácter obligatorio, puesto que los españoles no tienen opción de elegir si quieren esos bodrios públicos o no. El resto del derroche se destina a “otros gastos", es decir, al pasteleo, al trinque y a la burocracia.
Es patente la espantosa complejidad burocrática que presenta España y que ofusca las mentes de los forasteros que intentan comprenderla. Una complejidad burocrática que se caracteriza por la superposición de Administraciones, hasta siete niveles administrativos distintos y diferenciados: la Administración Central, que la conforma el Estado y un gran número de sus organismos autónomos; la Administración Autonómica, que disfruta de una extensa capacidad normativa y fiscal que enturbia y enmaraña la vida económica y administrativa de familias y empresas; la Administración Local, que comprende ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones; los Entes Empresariales donde la casta política enchufa a los cuñados y a los amiguetes (más de 3.000 Entes en manos del Gobierno central y autonómicos) y, por último, la Administración de la Unión Europea, que aprueba disposiciones legales de obligado cumplimiento para todos.
Todo este barullo burocrático embrolla, hasta la locura, las relaciones de los ciudadanos con la Administración. La paradoja es que la intención de esa enrevesada organización administrativa era "acercar la Administración a los ciudadanos para resolver sus problemas”, sin embargo ha sido todo lo contrario y encima ha resultado demasiado cara, hasta el punto de hacer quebrar al país.
Es obvio que las transferencias y las propias competencias autonómicas, deberían haber estado supeditadas a la consecución de objetivos determinados para asegurar la igualdad de oportunidades. Pero es manifiesto que el dinero que el Estado recauda de todos los españoles y que, posteriormente, se distribuye, en una parte sustancial, entre las distintas autonomías, no se ha gastado adecuadamente. Por este motivo, a pesar de la ingente cantidad de pasta que ha entrado en cada comunidad, en unas más que en otras por cuestiones del voto cautivo, el resultado de la aventura autonómica ha sido desastroso; ya que siguen existiendo grandes desigualdades territoriales en materias tan diversas como desarrollo económico, educación, tejido empresarial, desempleo, sanidad, etc.
El mantenimiento de esas diferencias, o su incremento, es la prueba del gran fracaso del Estado de las Autonomías que las ha ignorado. Para colmo y para terminar de joderlo todo, a Andalucía y a Extremadura había que darles, durante décadas, un PER y unos “ERES” para garantizar, durante varias décadas, la hegemonía del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El Estado de las Autonomías también ha servido para enfrentar a unas regiones con otras espoleando unos hechos diferenciales diseñados para zoquetes y zopencos; cuya consigna se fundamenta en recordar permanentemente que uno, por vivir donde vive, es agraviado despiadadamente por el resto de los malísimos españoles que parece que no hacen otra cosa, desde que se levantan hasta que se acuestan, que planear ese agravio.
Una prueba de la nueva conflictividad entre los habitantes de España es que, antes de que se inventara el Estado de las Autonomías era posible la realización de trasvases de unas cuencas excedentes a otras deficitarias, como ocurre en todas las naciones con desequilibrios hídricos y que sus habitantes conservan el sentido común. Ahora no, ¡porque a nadie se le había pasado antes por la cabeza que un río u otro, o parte de él, perteneciera a una u otra región!.
Lo curioso es que a pesar del fuerte aumento competencial y el gran incremento de recursos del que disfrutan los gobiernos autonómicos, el Estado de las Autonomías, junto al socialismo rancio y casposo aplicado en muchas de ellas durante lustros, ha enquistado uno de los problemas históricos de España, las desigualdades entre los españoles. Es la nueva configuración de la España pobre y la España rica.
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