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Los liberales no concebimos el derecho como un conjunto de leyes emanadas de los políticos, sino como un conglomerado normativo general y abstracto, universalmente aplicable, que tiene la finalidad de prever las consecuencias de las acciones que los ciudadanos plantean para alcanzar determinados fines subjetivos. Para nosotros, el Estado, que debe ser drásticamente minimizado pero muy efectivo en sus limitadísimas funciones; tiene, dentro de sus cometidos esenciales, la encomienda de garantizar la certeza del Derecho, pero sin convertirlo en un mecanismo para la complacencia de los intereses perversos de las mayorías.
Los liberales abominamos las teorías políticas que atribuyen al Estado un papel distinto del mantenimiento del Derecho, puesto que toda intervención de aquél tendente a la consecución de finalidades éticas puede desencadenar en un incremento del poder discrecional del gobierno de turno con relación a lo que ha de entenderse como bien en base a un supuesto interés general. La percepción individual de lo que es bueno y verdadero no tiene por qué coincidir con lo que las mayorías entienden como beneficioso para la sociedad. Otorgar al gobierno de turno el poder de realizar el bien implica exponerse al riesgo de que ese poder mute paulatinamente hacia un poder despótico y totalitario.
Sólo existe una comunidad de auténticos ciudadanos, de individuos libres, si existe Estado de Derecho y separación de poderes. Según la concepción clásica, el Derecho es un conjunto de leyes o normas de carácter abstracto que se aplican, de forma general y en igualdad, a todos los ciudadanos. La justicia se fundamenta en enjuiciar si las conductas del individuo se ciñen o no a ese compendio normativo abstracto y objetivo. 
La representación de la Justicia con los ojos tapados se debe a que la Ley debe ser ciega y aplicarse a todos por igual, por este motivo los jueces y magistrados deberían tener muy presente aquello que dice:
“Con justicia juzgaras a tu prójimo, no dejándote llevar ni por las dádivas del rico ni por las lágrimas del pobre”.
Entender esto es fundamental porque en ese preciso instante, en que se vulneran los principios generales del derecho, abriéndose las puertas a quienes no pretenden del juez que imparta justicia sino que se conmueva, se empieza a infringir un tremendo daño a la justicia aunque sea por una causa “supuestamente noble o justa” como podría ser: porque está en el programa del partido político votado por una inmensa mayoría de ciudadanos, como ocurrió con el partido nacionalsocialista de Hitler; o porque nos estremece como despojan a una familia de su vivienda por un desahucio; o porque un hurto lo debemos considerar de poca importancia y absolver al reo, debido a que se ha cometido en un centro comercial de una opulenta multinacional.
Todo juez que juzga de esa forma, en base al uso alternativo del derecho, sustituyendo la ley por su impresión sobre las circunstancias particulares de cada caso, cae en el fatídico error de la arrogancia intelectual; cuyo desenlace es la creencia de ese juzgador de ser Dios. Esto es algo que sucede con el Socialismo, ya sea este de carácter marxista o nacionalsocialista, porque el Socialismo es una ideología que prostituye siempre los conceptos de ley y de justicia; donde sus actores jueces son cada vez más irregulares en sus sentencias retroalimentado la nefasta dinámica con su parcialidad.
Recordemos como el Ex Fiscal General del Estado español, El socialista Conde Pumpido, el mismo que refiriéndose al "proceso de paz", dentro de las negociaciones con el grupo terrorista ETA, se dirigió exclusivamente a jueces y fiscales invitándoles a "ensuciar sus togas con el polvo del camino".
Afortunadamente no todos los jueces y fiscales están dispuestos a ensuciar sus togas "con el polvo del camino". Polvo que se convierte en lodo; sin embargo, son muchos los que todavía llevan el polvo de aquella "paz sucia" alentada y liderada, al principio, por José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora por el gobierno del Partido Popular (PP) presidido por Mariano Rajoy.
Parece increíble, pero aquel Ex Fiscal pidió "a los magistrados que valoraran la nueva situación a la hora de solicitar medidas cautelares para los terroristas" y sugirió a los fiscales que se adaptaran a la "nueva situación" respecto a la negociación del gobierno socialista con la banda de asesinos ETA. Lo más terrible de todo es que, muy probablemente, Conde Pumpido ni siquiera supiera que lo que pedía es, en su literalidad, el postulado jurídico básico de la Alemania nazi: el Führer crea derecho; jueces y fiscales son tan sólo sus hilos conductores.
La aberración de la adaptación de los jueces al contexto…, al momento…., a lo que hay…..o a la deriva de las mayorías; sólo puede entenderse desde la perspectiva más amplia de la limitación a la independencia judicial. Realmente nos retrotrae a ese horror totalitario del pasado siglo que sufrieron millones de personas con la complicidad de un poder judicial siervo del despotismo. Un poder judicial integrado por jueces títere que acataban alegremente y sin vergüenza moral los procesos degenerativos de la democracia y del Estado de Derecho.
La película que hoy presento es el mejor reflejo de lo que he expuesto. Transcurridos 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, algunos jueces, cómplices del perverso funcionamiento de la justicia en la Alemania del nacionalsocialismo de Hitler, donde la esterilización y exterminio de judíos era algo rutinario; son juzgados en Nuremberg. Uno de los protagonistas, Spencer Tracy, interpreta a un juez norteamericano retirado, en el que recae la trascendental responsabilidad de presidir este juicio.
Lo mejor de la película es la escena final cuando el juez norteamericano visita a uno de los condenados, el máximo responsable de la administración de la justicia de la Alemania Nacionalsocialista; y éste, apesadumbrado, admite el tremendo error que supuso haber aplicado el derecho en base a hechos diferenciales.
Para que os sirva de reflexión final, os reproduzco un fragmento de "El espíritu de las leyes", de Montesquieu:
La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro.
Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en la misma institución, no hay libertad, porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.
Tampoco hay libertad cuando el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo el legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.
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