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Cuenta mi amigo Federico que según lo publicado por El Mundo acerca del origen y la manipulación policial de los testimonios de los tres rumanos que acarrearon la condena de 40.000 años de cárcel contra Zougam, es evidente que el único condenado por poner las bombas en los trenes fatídicos no ha tenido un juicio justo. Y que hay que juzgar a quien encaminó a jueces y fiscales en la dirección que convenía a sus jefes políticos: el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba.
Cuenta mi amigo Federico que Zougam no ha sido condenado por un tribunal, ha sido encerrado por él tras una sentencia, pero los que de verdad lo condenaron fueron los policías judiciales, a las órdenes de Rubalcaba, que concedieron credibilidad máxima a unos testigos que incluso para ellos mismos y otras instancias oficiales la tenían mínima. El superjefe de la policía judicial es JAG, el superpoli de Rubalcaba; y es el Gobierno del PSOE el que paga a una testigo rumana menos creíble que un político griego cincuenta mil euros amén de papeles legales para ella y su marido, al que se declara víctima para que cobre otro tanto. Y por si eso fuera poco, una empresa de seguridad (!!!) de un empresario íntimo de JAG que es el que organiza la cacería de Bermejo, Garzón y el propio JAG para organizar y supervisar el Gurtel, les da trabajo a los dos rumanos, la neotestigo y el veteromarido. ¿Alguien se atreve a decir que esto no apesta?
Cuenta mi amigo Federico que los tres casos de los rumanos perdidos y hallados en los trenes apestan, en efecto, a cloaca. A las malditas cloacas de Interior que deben ser barridas, destruidas, trituradas y aventadas hasta las últimas cenizas. Ni la policía judicial ni los investigadores fiscales ayudan a los jueces, salvo que sean de su cuerda, y entonces ninguno de ellos ayuda a la justicia. Por supuesto, el acreditado corporativismo de los jueces y el poder desde hace décadas de estos malos policías tratarán de que no se lleve a cabo un juicio de revisión. Pero, por supuesto, sin ese juicio, cualquier país o cualquier delegado de Amnistía Internacional le podrá decir a España, es decir, a Rajoy, que tenemos un preso condenado a cuarenta mil años de cárcel y que lleva siete en una celda de aislamiento, pero que ha sido encarcelado de por vida por unas pruebas falsas fabricadas por la policía y admitidas por la fiscalía y los jueces a sabiendas de su fétido origen. Debería ser el nuevo ministro de Justicia el que instara a hacer justicia. Porque, insistamos una y mil veces, no se trata de política sino de justicia. Lo que aún no hemos tenido en el 11-M.
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